ANUNCIARáN planes para fortalecer el gobierno ELECTRÓNICO
Liliana Pérez
La Prospectiva se refiere a las
investigaciones y exploraciones que se llevan a cabo con la intención
de anticipar lo que está por venir en una cierta materia, método que
se viene empleando como herramienta de planeamiento de políticas públicas y
empresariales con resultados exitosos al permitir identificar áreas en
las que se deben concentrar los esfuerzos de inversión y trabajo, para así
obtener los mayores beneficios económicos o sociales.
En el marco de este concepto varios
expertos del país serán los encargados de hacer la “Prospectiva del
Gobierno Electrónico en Venezuela/Simposio 2015” evento en el cual se
analizará la situación actual de esta política pública y sus perspectivas de
progreso, identificando áreas estratégicas de trabajo.
Uno de los ponentes más vinculados a
este análisis de lo que se espera para el gobierno electrónico en Venezuela
será
Dante Rivas, nombrado por el presidente de la Republica
como Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología, Director
Nacional del Servicio de Registros y Notarías (SAREN) y Director del Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
Rivas sostiene que la premisa fundamental de estos nuevos tiempos es facilitar los trámites a los ciudadanos que requieran algún tipo de documentación en las instituciones públicas del país y al respecto ha anunciado que el 2015 será un año de grandes cambios y avances en cuanto a la simplificación de trámites en la administración pública.
Rivas sostiene que la premisa fundamental de estos nuevos tiempos es facilitar los trámites a los ciudadanos que requieran algún tipo de documentación en las instituciones públicas del país y al respecto ha anunciado que el 2015 será un año de grandes cambios y avances en cuanto a la simplificación de trámites en la administración pública.
En su ponencia el funcionario informará
sobre la puesta en práctica de los nuevos procesos basados en herramientas
tecnológicas que tendrán un fuerte impacto en la forma como los entes
gubernamentales prestarán servicios al público, para finales de año.
El diputado Guido Ochoa, miembro de la
Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional se referirá a la importancia de la Ley de
Infogobierno en vigencia desde agosto pasado, la
cual fue elaborada para facilitar las relaciones entre el Poder Público y
el Poder Popular a través del uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), como herramientas necesarias para propiciar la mejora
continua de los servicios que ofrece el Estado, contribuyendo a la efectividad,
eficiencia y eficacia en la prestación los mismos.
La Ley de Infogobierno establece que todos los organismos del Estado deben empezar trabajar con el software
libre, dándoles un año para adaptarse a esta orden y ponerse a derecho,
temática que será abordada en este evento por Jhon Monroy, presidente
del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), quien
ha venido confrontando el modelo de
compra que tienen las instituciones públicas con el software
privativo.
María Ruiz, Directora General de la
Comisión Nacional de las Tecnologías de Información (Conati) hará un balance de trabajo de este organismo
que nace con La Ley de Infogobierno y es el encargado de establecer
las políticas, estrategias y lineamientos en materia de regulación, acceso,
desarrollo, adquisición, implementación y uso de las Tecnologías de Información
y Seguridad Informática, en el Poder Público.
Monroy y Ruíz expondrán acerca de
la gestión de los servicios públicos basados en software libre.
Ambos funcionarios han venido cuestionado que los organismos públicos
sigan comprando software privativo o 'cajas negras', sin saber sus
códigos de funcionamiento.
Finalmente Jorge Rodríguez
Rojas, superintendente de Servicios de Certificación Electrónica Suscerte), explicará
el trabajo que adelanta este organismo en el desarrollo y promoción de
los sistemas nacionales de seguridad de información, certificación
electrónica y gestión de incidentes telemáticos, para favorecer la inclusión
del soberano en los servicios de gobierno electrónico y mejorar los sistemas de
información de los entes del poder público nacional.
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